Partidos condenan intencion de extender periodos.

SD. Instancias de los tres partidos mayoritarios en el Congreso Nacional condenaron ayer las intenciones de algunos legisladores de extenderse el período hasta 2012. Dos de ellos prometieron sancionar a quienes voten por el cambio.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que expulsará a los senadores y diputados que pretendan seguir más allá de 2010. El vocero de los diputados del PLD, Domingo Páez, reiteró que bajo ningún concepto ese partido respaldaría iniciativa alguna en esa dirección, por considerarla inmoral, ilegítima e impertinente, y porque generaría trastornos sociales de intranquilidad.
"El PLD, su Comité Político y su presidente han dicho claramente que bajo ningún concepto se involucrarían en acciones de esa naturaleza, y queremos advertir que el diputado o diputada que se involucre en una situación de ese tipo, podría correr el riesgo de ser expulsado del partido", expresó.
Explicó que la iniciativa de la reforma constitucional tiene como fundamento incorporar una generación de derechos nuevos a nivel universal y fortalecer la institucionalidad en el país.
Los reformistas
Ramón Rogelio Genao, vocero de los diputados del Partido Reformista, refirió que la posición expresada por su colega de bancada Frank Martínez es la oficial de esa organización política.
Para Genao ese es un tema cerrado, ya que la oposición a la extensión del periodo congresual es una decisión de la Comisión Política y del Bloque Parlamentario que integran senadores y diputados.
Impondrá sanciones
El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Alburquerque, también condenó los aprestos surgidos en torno al proyecto de unificación de los comicios. Reiteró que esa organización será drástica contra cualquier legislador que violente la resolución de la Comisión Política que establece su rechazo a la extensión del período de los actuales legisladores.
En nota de prensa, Alburquerque dijo que esa intención lesiona "gravemente" la democracia dominicana y coloca al país en una situación muy difícil ante los organismos internacionales, que se constituyen en vigilantes de las democracias del mundo y cuya opinión tiene mucha importancia en las decisiones de dichos organismos.